Redacción
Debido a que las estadísticas de extorsión en el país van en aumento y los teléfonos móviles son una de las herramientas más utilizadas por extorsionadores y secuestradores, la venta regulada de chips para telefonía celular es necesaria para eficientizar el combate al crimen organizado y reducir así los casos de cobro por derecho de piso en el país, aseguró Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de cada cinco delitos cometidos en el país fueron extorsiones, lo que genera a la delincuencia más de 12 mil millones de pesos en ganancias, de allí la importancia de la aprobación de las reformas a la Ley.
“Si bien es cierto que ya hubo un antecedente en 1995 con la entrada en vigor de la Ley Federal en Telecomunicaciones y en 2009 con la creación del Registro Nacional de Usuarios en Telefonía (RENAUT), desafortunadamente en 2012 se tuvo que hacer una reforma para proteger las bases de datos obtenidas de los compradores de teléfonos y chips, a los cuales se les pedía CURP e identificación oficial”, dijo.
“No obstante, dicha información acabó en el mercado negro y sirviendo para otros fines; sin embargo, al impactar la extorsión hasta en 1.5% del PIB, la regulación de la venta y compra de chips en telefonía celular es de vital importancia para erradicar este tipo acciones delictivas” enfatizó Raúl Sapién.
Un número importante de llamadas para llevar a cabo actos de extorsión son realizadas desde el interior de los penales, y es necesaria la regulación para acabar también con otros delitos como el secuestro, el robo a camiones de carga y pasaje en carreteras federales por mencionar algunos.
Dicho proyecto debe transitar por una etapa de maduración para crear la infraestructura, con la tecnología necesaria en la creación, operación, resguardo y actualización constante de bases de datos, por lo que se debe dotar también de un presupuesto a quien se vaya a hacer cargo. También es necesario que la iniciativa contemple el respeto a los Derechos Humanos y protocolos necesarios para obtener los datos de usuarios y compradores de chips telefónicos, a fin de brindar un estado de derecho y una certeza jurídica a la ciudadanía.
Una problemática ya de gran escala, pues de acuerdo a la Asociación México Evalúa, se estima que la extorsión le cuesta a los mexicanos, seis mil 468 pesos por ciudadano.
“Para erradicar la extorsión tanto a empresarios como a la ciudadanía en general, es necesario tener en cuenta que un delincuente puede utilizar hasta diez chips diferentes para acosar y extorsionar a una sola víctima. Lo mismo sucede con los casos de secuestro, en donde se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para coaccionar a las personas a pagar el rescate por alguno de sus seres queridos”, aseguró el presidente del CNSP.
“El uso de redes sociales sin protocolos digitales de seguridad, han hecho que los extorsionadores puedan tener información precisa de los lugares que visita de manera frecuente una víctima, ya sea para comer, reunirse con familiares, e incluso les da una lectura amplia del nivel de vida que llevan, pues a través de fotografías pueden saber a qué partes ha viajado, dejándoles en un estado de vulnerabilidad”, comentó.
Por otra parte, cuando se trata de personas morales, la incidencia delictiva confirma que las pequeñas y medianas empresas son más afectadas por este fenómeno, siendo Veracruz, el puerto de Acapulco, el Estado de México y la Ciudad de México donde se encuentran los índices más altos de extorsión en el país.
