Por Eduardo González
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lanzó un llamado a todas las fuerzas políticas en el Senado para revisar la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través facturas falsas, a fin de evitar que, por imprecisiones, se afecte a contribuyentes cumplidos y se genere incertidumbre jurídica para la inversión, en un momento, dijo, en que es más necesaria que nunca para el desarrollo del país.
“El sector empresarial valora el compromiso hecho por los legisladores de continuar con las mesas de trabajo y seguirá aportando sus argumentos para lograr ajustes que mejoren la reforma y eviten afectar a los contribuyentes de buena fe”, comentó la máxima cúpula empresarial del país.
A través de un comunicado, el CCE dejó en claro que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, toda vez que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y, por lo tanto, recordó que ha trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla con herramientas más efectivas.
“Sin embargo, en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país”, advirtió el organismo empresarial.
En ese sentido, dijo que en primer lugar, la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.
“Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, consideró,
Por otro lado, consideró que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas.
“Quien adquiere una factura lo hace para dejar de pagar una contribución y debe ser sancionado penalmente por ello, tal como está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Pero las conductas son claramente distintas y el castigo, por tanto, debe ser proporcional”, apuntó.
Incluso, dijo que algunas conductas indebidas en materia fiscal, pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos. Con esta ley, dijo el CCE, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial.
“Sin estas precisiones y adecuaciones, la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales del país, de que se pueda dar un acto arbitrario de la autoridad que ponga en peligro su integridad personal y sus bienes, generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva”, afirmó.
