Red de Corresponsales
De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, A pesar de que se atiende la sobrepoblación de los penales, aún ocurren violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
La presidenta de la Comisión, Sofía Velasco Becerra, detalló que su equipo investigó por dos años las condiciones en las que se encuentran los internos de cinco centros: el femenil, el tutelar de menores, los Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca y de Cadereyta, además del recientemente cerrado Penal del Topo Chico.
Aunque reconoció el re-acomodo de la población y el espacio dedicado exclusivamente a las mujeres, señaló que se han emitido siete recomendaciones en el mismo periodo, y abierto 25 expedientes por diversas causas.
Comentó que los centros, al momento del diagnóstico, tenían una capacidad para ocho mil 527 personas internas y la población era de seis mil 634. Es decir, tenían una ocupación del 78 por ciento en mayo de este año. Actualmente, Apodaca no tiene sobrepoblación.
Por otra parte, sostuvo que las relaciones entre las personas privadas de la libertad suelen ser hostiles, por lo que la autoridad debe aplicar acciones de seguridad, resguardo y custodia.
En dos años, la Comisión recibió 113 quejas por omisión a estas obligaciones, ya que se presentaron agresiones físicas, amenazas y cobros entre internos, así como del propio personal de seguridad.
Además, Velasco Becerra señaló que imperan problemas como la falta de atención a las enfermedades de los reos, desabasto de medicamentos, carencia de programas educativos y capacitación laboral para prevenir la reincidencia, y también ausencia de personal especializado, entre los que se encuentran los custodios.
“En el cierre del Topo Chico el personal de custodia se reasignó por lo que estaremos atentos no solo a la cantidad sino también a la calidad de la formación profesional que deben tener estas personas”, mencionó Velasco Becerra.
Enfatizó que es necesario dedicar espacios exclusivos a internos vulnerables como adultos mayores, discapacitados o miembros de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+).
De acuerdo con el abogado penalista, Humberto Villarreal, la Ley de Seguridad Pública establece que debe haber dos custodios por cada 10 internos, pero el pasado noviembre, un preso del Penal de Cadereyta asesinó a otro por ahorcamiento, sin que los guardias intervinieran a tiempo.
