Joel Hernández.-
El encargado de despacho de la Contraloría dijo que otros 406 servidores públicos aún son investigados por la Unidad Anticorrupción.
De 571 servidores públicos de Nuevo León involucrados en el caso de las llamadas ‘Bronco-firmas’, 165 ya fueron absueltos de cualquier responsabilidad, informó este martes el encargado de despacho de la Contraloría estatal, Gerardo Guajardo.
Los 165 funcionarios que ya libraron sanción pertenecen a siete diferentes dependencias de la entidad, dijo el funcionario, aunque no detalló el nombre de esas instituciones.
Todos estos servidores públicos se convirtieron en blanco de una investigación luego de que las autoridades electorales concluyeran que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’, utilizó recursos públicos en 2018 para recabar las firmas que necesitaba para poder ser candidato presidencial independiente. Dentro de lo contemplado estuvo el uso de personal del gobierno.
Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró Guajardo, la responsabilidad de investigar si hubo o no delito por parte de estos 165 empleados quedó a criterio de los titulares de las propias dependencias en las que laboran.
El encargado de despacho de la Contraloría indicó que los 406 funcionarios restantes aún son investigados, pero por la Unidad Anticorrupción, y que no existe fecha para que concluya este proceso.
“En la mayoría de ellos se resolvió que no había falta”, dijo el funcionario en su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Rodríguez Calderón.
“Lo único que quiere decir es que los titulares de las dependencias donde trabajan esos funcionarios públicos, que supuestamente cometieron una falta administrativa, evaluaron la situación y llegaron a la determinación de que no había falta”, agregó.
Los 571 funcionarios están relacionados con la recolección de firmas a favor del ‘Bronco’ en horario laboral.
Por este caso también son investigados el propio Rodríguez Calderón y Manuel González, su secretario general de Gobierno, por el desvío de recursos públicos para fines político-electorales.
