Por Silvia Hernández
Activistas en favor del vapeo ya interpusieron el primer amparo en contra del decreto presidencial que prohíbe la importación de cigarros electrónicos, a escasas dos semanas de haber sido publicado.
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, anunció que ayer martes tres de marzo, solicitó el amparo mencionado ante un juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, bajo el argumento de que el decreto carece de varios requisitos, como la falta de elementos técnicos para prohibir la importación de vaporizadores.
“Estamos presentando el primero amparo en contra del decreto presidencial (…), aquí lo que se trata de exponer es la falta de argumentos del decreto, que no tiene algún soporte científico válido y al no tenerlo, ya con eso se desvirtúa la facultad que tiene el presidente de emitir un decreto”, explicó el activista durante su participación en el foro “Alternativa a los productos de tabaco combustible ¿Cómo regularlas?”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados.
El también maestro abogado explicó que, con el objetivo de contar con los elementos para solicitar el instrumento legal, provocó la aplicación de la disposición, es decir, hace algunos días trató de importar cigarros electrónicos, pero le fueron decomisados por la autoridad, situación que le otorgó argumentos para presentar el recurso ante el juzgado correspondiente.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 19 de febrero, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el decreto presidencial, mediante el cual quedó prohibida la importación de cigarros electrónicos, “como parte de las acciones del Gobierno mexicanos para proteger la salud de los mexicanos”, bajo el argumento de que el aerosol procedente de estos dispositivos “contiene más metales pesados que el humo del cigarro tradicional”.
No obstante, la semana pasada, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos (CDC), deslindó a los cigarros electrónico como la causa principal del brote de muertes y pacientes asociados a enfermedades pulmonares observado en la segunda mitad de 2019, pues la autoridad estadounidense afirmó que la razón fue el vapeo sustancias ilícitas, como acetato de Vitamina E y THC.
Por ello, el presidente de México y el Mundo Vapeando confió en que el juez otorgue el amparo solicitado, el cual, apuntó, será “el brote de una auténtica lluvia” de recursos en contra de la disposición, en virtud de que es anticonstitucional por violentar derechos individuales, como el de la libre determinación.
“Vamos a publicar en internet el amparo; ya lo hemos hecho en otras ocasiones en una campaña en donde pedimos a los usuarios que presenten amparos en sus propios estados; la vez pasada logramos presentar 200 amparos y la idea es que en este caso cuando menos se duplique; todo es con base en los principios de los derechos fundamentales de la salud, de la libre determinación y de la información”, expuso en el marco del foro mencionado.
Juan José Cirión Lee advirtió que, en hace algunos días, funcionarios de la Secretaría de Salud federal acudieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un evidente acto de invasión de poderes, pues denunció que los funcionarios buscaron incidir en la sentencia que los ministros de la Sala Dos emitirá con respecto al amparo solicitado por Sanborns para la venta de cigarros electrónicos en sus establecimientos.
Cabe mencionar que, de manera paralela, afuera del recinto legislativo, miembros del movimiento “Yo sí creo en el vapeo”, llevaron a cabo un mitin para exigir la derogación del decreto presidencial mencionado y, por el contrario, formular un marco legal que regule la venta y distribución de esos dispositivos.
En el foro se dieron cita diversos especialistas y legisladores, como el caso de Roberto Sussman, director general de la organización ProVapeo, quien advirtió que el decreto no protege a la población, pues detonará “el mercado negro”, lo que significará una creciente oferta de dispositivos y sustancias sin la verificación necesaria. “El decreto ocasiona daños a la salud”, afirmó el activista.
Por su parte, el diputado Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que, a la par de una formulación de un marco que regule la venta y distribución de vaporizadores en México, el Poder Judicial enmendaría los errores del Poder Ejecutivo, al otorgar -posiblemente y en el corto plazo-, un quinto amparo a la venta de esos dispositivos en el país, lo que provocaría jurisprudencia en el tema.
“La corte, ya en su visión sobre lo que tendrían que hacer; pues ya está determinando que las medidas tomadas por la autoridad del sector sanitario y económica han sido incorrectas y ha otorgado amparos; entonces yo creo que el Ejecutivo va a ser corregido por el Judicial en sus medidas y, por otro lado, la Cámara tendrá que seguir avanzando en el cambio de la ley”, explicó.
Asimismo, la doctora Carla Paola Sánchez Ríos, neumóloga-oncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), también destacó la urgencia de concretar pronto una regulación en la materia, pues la carencia de esa ley abre la puerta a productos de dudosa calidad.
“Lo que ahorita lo que nosotros estamos buscando son pautas regulatorias, porque muchos de nuestros pacientes fumadores están optando por el cigarrillo electrónico como una alternativa pero definitivamente no son dispositivos regulados en el país, consideramos que la regulación los va ayudar a contar con disposición seguros, que nos permita hacer los estudios científicamente necesarios para tener en este momento recomendaciones para nuestros pacientes; que es lo que queremos todos, que dejen de fumar”, comentó.
En el evento estaban convocados representantes de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, sin embargo, al igual que hace 15 días, declinaron sin justificación la invitación, lo cual fue calificado por el diputado morenista José Delsol Estrada como un acto de “irresponsabilidad y mala educación”.
“Es un acto irresponsable de mala educación y además va en contra de las políticas de nuestro presidente de la República y además también por mal haber aconsejado a nuestro presidente de que haya firmado un decreto en esas condiciones”, comentó el legislador.
