Redacción
En las entidades federativas y municipios aún existe una importante brecha en la institucionalización de una política que promueva la simplificación de trámites y mejora de regulaciones, destacó el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en el reporte 2019 del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.
El indicador fue creado por el Observatorio en el 2017 y su objetivo fue proveer de información concreta que permita conocer el grado de avance en el proceso de mejora regulatoria, y a partir de ello generar propuestas específicas para una regulación eficaz y transparente. Una de las principales aplicaciones del Indicador es que los ciudadanos puedan identificar los lugares del país donde los trámites fáciles hacen más sencillo y rentable abrir o acrecentar su negocio.
En la edición 2019, que evaluó a los 32 estados y a 88 municipios del país, los estados presentaron un promedio de logro de 51 por ciento en la implementación de la política de mejora regulatoria, un incremento de ocho puntos respeto a los resultados de 2018. En el orden municipal, el avance fue de 6 puntos.
Derivado de las recomendaciones del informe anterior, para el año 2019 se establecieron dos mil 685 compromisos de mejora regulatoria, de los cuales las autoridades cumplieron mil 622 (60 por ciento).
El Indicador mide tres pilares temáticos:
- Políticas: Permite conocer el marco normativo que sustenta la política de mejora regulatoria.
- Instituciones: Identifica la fortaleza institucional de la entidad para aplicar e impulsar la política de mejora regulatoria.
- Herramientas: Analiza las políticas públicas que utilizan las autoridades para mejorar el acervo regulatorio, simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y empresariales.
Colima, Nuevo León y Yucatán fueron los tres estados con mejor puntuación en el ranking. Por su parte, Mérida, Puebla y Querétaro fueron los municipios mejor calificados en esta edición.
A menudo los trámites y regulaciones gubernamentales necesarios para cumplir con la ley son complicados, contradictorios, y cambian entre municipios y estados. La mejora regulatoria busca crear procesos más eficientes y accesibles, reduciendo tiempos y requisitos.
