Redacción
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Rosario Piedra, reconoció en reunión con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que las desapariciones forzadas son una “asignatura pendiente” para el Estado, detalló el organismo en un comunicado.
“El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares”, señaló Piedra.
Por esto, especificó, es urgente que las autoridades y la sociedad actúen conjuntamente “para saldar esa deuda”.
La reunión se celebró en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asistieron los miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU Horacio Ravena, Juan Pablo Albán Alencastro y Sergio Giuliano.
Piedra reconoció en la conversación que existe debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones y afirmó que para superarla es necesario “cambiar los esquemas heredados y establecer un marco normativo mínimo idóneo, la realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”.
Además, consideró “urgente” abordar la deuda histórica que tienen las instituciones con las víctimas de la represión política, especialmente en relación al periodo conocido como “la guerra sucia”, un período de represión policial y militar contra la disidencia política que causó centenares de desapariciones forzadas entre los 60 y los 80.
Piedras también propuso lograr que los servicios médicos forenses de todo el país lleguen a funcionar correctamente, que se continúe con la construcción de centros de identificación humana y que se priorice la toma de acciones relacionadas con la búsqueda en vida.
En este sentido, planteó canalizar recursos presupuestarios para la atención a las desapariciones forzadas, fortalecer la capacitación de personal, garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas y establecer guías para la participación de familiares y sociedad civil en las investigaciones.
La presidenta admitió que la propia CNDH fue “en muchos sentidos corresponsable de este círculo vicioso de impunidad-repetición”. “Y por eso estamos transformándola”, sentenció.
