Redacción

Una coalición de diversas organizaciones pidió este viernes a la gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, y al Legislativo estatal que protejan a los migrantes indocumentada de las deportaciones masivas que prometió emprender el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Los grupos proinmigrantes urgieron nuevas regulaciones estatales que prohíban compartir con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) información personal y estatus migratorio de migrantes.

Solicitaron además evitar que recursos estatales y locales sean utilizados para ampliar centros de detención o para llevar a cabo detenciones de inmigrantes.

Nuevo México fue el primer estado en el país en otorgar permisos de conducir a inmigrantes indocumentados, por lo que tienen miedo que esta información pueda llegar a manos del gobierno federal.

“Los inmigrantes son una parte vital de la economía de Nuevo México y en la legislatura apoyaremos a nuestras familias migrantes”, dijo Javier Martínez, líder del Legislativo estatal de Nuevo México durante una conferencia de prensa.

En años pasados, Nuevo México se ha distinguido por pasar legislaciones que han protegido a la comunidad inmigrante, sin importar su estatus migratorio, entre ellos leyes de salarios justos y colegiaturas como residentes en universidades y colegios comunitarios.

De acuerdo con el grupo Somos Un Pueblo Unido, se estima que 60.000 inmigrantes indocumentados viven en Nuevo México, uno de los cuatro estados que comparten frontera con México. Esto representa el 10 % del total de la población del estado.

El legislador demócrata indicó que los trabajadores migrantes son esenciales para la agricultura y la industria del gas natural en Nuevo México.

“Si tenemos deportaciones o redadas masivas de trabajadores migrantes sería un duro golpe para nuestra economía y crearía sin dudas una crisis humanitaria y separación de familias”, dijo Martínez.

Durante una entrevista con la cadena MSNBC la Lujan Grisham dijo esta semana que no cooperará con los planes de deportaciones masivas de la administración nueva de Trump.