Redacción

El impacto económico generalizado del COVID-19 aumenta las presiones financieras que enfrentan los jubilados, tanto en la actualidad como en el futuro. Junto con el incremento de la esperanza de vida y la creciente presión sobre los recursos públicos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de una población cada vez más longeva, el COVID-19 está agravando la inseguridad de la jubilación, según se desprende de la décimo segunda edición del Índice Mundial de Pensiones elaborado por Mercer y el CFA Institute.

El Dr. David Knox, socio senior de Mercer y principal autor del estudio, señala: “La recesión económica ocasionada por la crisis sanitaria mundial ha provocado una reducción de las contribuciones al sistema de pensiones, un menor rendimiento de las inversiones y el aumento de la deuda pública en la mayoría de los países. Inevitablemente, esto afectará las futuras pensiones; lo que quiere decir que algunas personas tendrán que trabajar durante más tiempo, mientras que otras deberán conformarse con un nivel de vida menor durante su jubilación”.

“Resulta fundamental que los gobiernos reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar resultados más sólidos para los jubilados en el largo plazo”.

“Incluso antes de la aparición del COVID-19, numerosos sistemas de pensiones públicos y privados en el mundo enfrentaban una creciente presión para mantener los beneficios”, afirma Margaret Franklin, CFA, presidenta y CEO del CFA Institute.

“A lo largo de los años, hemos adquirido mucha experiencia acerca de la eficacia de los sistemas de pensiones y, si bien no existe un modelo de sistema de pensiones único que funcione para todos los países, el Índice Mundial de Pensiones ofrece información comparativa para diferenciar lo que es posible y práctico en cada mercado. El CFA Institute se complace en patrocinar el índice de este año y esperamos ampliar aún más su impacto a través de esta iniciativa conjunta”.

El efecto del COVID-19 en el futuro de los sistemas de pensiones

El impacto del COVID-19 va mucho más allá de las consecuencias sanitarias; existen efectos económicos a largo plazo que repercuten en las industrias, las tasas de interés, el rendimiento de las inversiones y la confianza de la comunidad en el futuro. Como consecuencia de ello, también ha cambiado la provisión de ingresos de jubilación adecuados y sostenibles a largo plazo.

El nivel de deuda pública ha aumentado en muchos países después del COVID-19. Es probable que este incremento restrinja la capacidad de los futuros gobiernos para mantener a sus poblaciones mayores, ya sea mediante pensiones o mediante la prestación de otros servicios como salud o atención a adultos mayores.

Para ayudar a mitigar el impacto del COVID-19, los gobiernos han implementado una serie de respuestas a fin de apoyar a sus ciudadanos y sus sistemas de pensiones.

El profesor Deep Kapur, director del Centro Monash para estudios financieros (MCFS), manifestó que muchos gobiernos de todo el mundo han respondido al COVID-19 con un importante estímulo fiscal, y los bancos centrales han adoptado una política monetaria no convencional. “Las perspectivas de rendimiento de las inversiones son poco favorables, mientras que la volatilidad puede ser elevada, y ello se suma a los retos habituales derivados de la gestión del riesgo en una cartera de pensiones”.

“Asimismo, algunos gobiernos han permitido el acceso temporal a pensiones ahorradas o han reducido el nivel de las tasas de contribución obligatoria para mejorar las posiciones de liquidez de las familias. Es probable que estos cambios tengan un impacto significativo en la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de pensiones y, de este modo, influya en la evolución del Índice Mundial de Pensiones en los próximos años”, añadió Kapur.

Por ejemplo, Australia permitió que las personas cuyos ingresos habían disminuido en más de un 20% tuvieran acceso a un máximo de AUD 20 000 (aproximadamente USD 13 000) de los activos de sus fondos de pensiones, mientras que Chile permitió que los contribuyentes activos retiraran voluntariamente el 10% de sus fondos de pensiones individuales hasta un máximo de USD 5600.

En México, la regulación permite hacer un retiro de la AFORE en caso de desempleo hasta 90 días o el 11.5% del valor de sus ahorros para el mismo. Los primeros nueve meses del 2020, los retiros suman MXN 14,376 millones (aproximadamente USD 684 millones), que equivale al 67% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos disminuyen también las semanas de cotización de las personas, lo que impacta en mayor tiempo para poder jubilarse o una menor pensión potencial.

“Resulta interesante mencionar que los dos principales sistemas de ingresos de jubilación en el Índice Mundial de Pensiones, Holanda y Dinamarca, no han permitido el acceso anticipado a los activos de pensiones, a pesar de que los activos de cada sistema de pensiones representan más del 150% del PIB del país”, afirmó el Dr. Knox.

El COVID-19 también ha aumentado la desigualdad de género en el otorgamiento de pensiones.

“Incluso antes de que el COVID-19 afectara las economías de todo el mundo, muchas mujeres se enfrentaban a la jubilación con menos ahorros que los hombres. Actualmente, se espera que esa brecha se amplíe aún más en numerosos sistemas de pensiones, principalmente en los sectores más afectados donde las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral, como servicios de hotelería y gastronomía”, añadió el Dr. Knox.

Al medir la probabilidad de que un sistema actual esté en condiciones de ofrecer beneficios en el futuro, el subíndice de sostenibilidad sigue evidenciando deficiencias en muchos sistemas. El puntaje de sostenibilidad promedio se redujo en 1,2 en 2020 debido al crecimiento económico negativo experimentado en la mayoría de las economías a raíz del COVID-19.

 En cifras

Holanda obtuvo el valor más alto del índice (82,6) y mantiene su posición número uno en el ranking general, a pesar de las importantes reformas que se están llevando a cabo en materia previsional en ese país. Tailandia obtuvo el valor más bajo del índice (40,8).

Para cada subíndice, los puntajes más altos fueron Holanda para adecuación (81,5), Dinamarca para sostenibilidad (82,6) y Finlandia para integridad (93,5). Los puntajes más bajos fueron México para adecuación (36,5), Italia para sostenibilidad (18,8) y Filipinas para integridad (34,8).

México se encuentra este año en el lugar 35, presentando un decremento del 45.3 en 2019 a 44.7 en 2020, debido a pequeños movimientos en los subíndices de adecuación y sustentabilidad. En términos de adecuación, ocupa el último puesto (36.5); en Sustentabilidad se colocó en el 15 (55.8) y para integridad, se ubicó en la penúltima posición (42.2).

De acuerdo con el estudio, el valor general del índice para el sistema mexicano podría incrementarse mediante las siguientes acciones:

  1. Introducir el requisito de que parte del beneficio de jubilación se tome como un flujo de ingresos
  2. Incrementar el nivel de contribuciones financiadas aumentando así el nivel de activos a lo largo del tiempo
  3. Mejorar los requisitos de gobierno para el sistema de pensiones privado, incluida la necesidad de niveles mínimos de financiación en los planes de beneficios definidos.
  4. Optimizar el nivel de comunicación requerido a los afiliados de los planes de pensiones.

Al respecto, Leonardo Lara, líder del área de Patrimonio para Mercer México, destaca “En México entendemos la importancia del tema y estamos trabajando en fortalecer nuestro sistema público de pensiones. Actualmente, se está revisando en el Congreso una propuesta que incluye puntos muy relevantes alineados a las acciones recomendadas que estamos seguros beneficiará sustancialmente el retiro de un gran número de trabajadores”.

Asimismo, el directivo detalla los principales puntos que incluye esta iniciativa:

  1. Aumentar el nivel de aportaciones de 6.5% hasta 15%
  2. Disminuir las semanas de cotización para tener acceso a la pensión mínima garantizada
  3. Incremento en el monto potencial de la pensión mínima garantizada
  4. Reducir el nivel de comisiones que cobran las Afores.

Todo esto, en su experiencia, mejora el perfil del sistema mexicano hacia el futuro, pero aún quedan pendientes importantes acciones por hacer como:

  1. Ampliar la cobertura para que todos los empleados y/o auto-empleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación, considerando que en la mayoría de los casos no se ahorrará si no existe participación automática u obligatoria
  2. Fomentar una cultura y conciencia del ahorro voluntario para el retiro dentro y fuera del sistema de pensiones
  3. Ofrecer beneficios fiscales preferentes e iguales a todas las opciones de ahorro como los planes de pensiones privados
  4. Integrar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral

“Es imperativo fomentar la transparencia y confianza en el sistema de pensiones; mantener la regulación idónea para obtener rendimientos adecuados a la jubilación con base en políticas de inversión diversificadas, así como costos competitivos”, concluyó Leonardo.