Redacción
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), advirtió que un 20 por ciento de los empleos que existen en el país están en riesgo en caso de que avance la iniciativa presidencial para eliminar el esquema de subscontratación, mejor conocido como outsourcing.
Por medio de un reporte, refirió que en días pasados, el INEGI dio a conocer el dato oportuno del Producto Interno Bruto para el cierre del 2020. La economía mexicana se contrajo (-) 8.5 por ciento el último año, con lo que se confirma su caída más profunda desde 1932. Este desplome fue 2.4 veces mayor que el de la economía estadunidense.
Adicionalmente, agrego, se perdieron 648 mil empleos formales y según el INEGI, 40 por ciento de los hogares reporta una disminución de sus ingresos.
Ante este escenario, afirmó que la prohibición de la figura de la subcontratación podría convertirse en un golpe devastador para la economía, la competitividad y para millones de familias.
“En COPARMEX elaboramos un análisis sobre estos rubros con el propósito de que tanto el Poder Ejecutivo federal como el Poder Legislativo cuenten con elementos claros de análisis para tomar decisiones correctas que permitan al país superar la grave situación económica que enfrenta, en lugar de profundizarla”, señaló el sindicato patronal.
Repercusiones concretas que sufriría México
Impacto económico y laboral
Se calcula que hay 4.1 millones de trabajadores en esta modalidad, que representan alrededor del 20 por ciento de todo el empleo formal del país. La subcontratación ha mostrado ser una importante generadora de fuentes de trabajo, con un crecimiento 6 veces mayor al resto de los esquemas de empleo. En los últimos 10 años, se han generado 2 millones de plazas a través de esta figura (Censo Económico 2019).
Es una figura transversal que está presente en todos los sectores de la economía y brinda oportunidades para mujeres y jóvenes. De hecho, 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres, mientras que 1 de cada 4 son jóvenes.
Hemos constatado una recuperación lenta del mercado laboral ya que aún hay 2.9 millones de personas que no han logrado reincorporarse a él, de las cuales 700 mil corresponden al sector formal. En este sentido, la prohibición de la subcontratación implicaría más dificultades para su recuperación y se estima que resultaría en una pérdida de al menos 2 millones de empleos.
Impacto en la competitividad del país
Esta figura es utilizada y reconocida en todo el mundo al fomentar la inversión. En nuestro país es un mecanismo perfectamente legítimo que opera a partir de la reforma laboral del año 2012 y es una figura avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Instituciones internacionales como la OIT, la OCDE o el G20, así como organizaciones de empleadores de todo el mundo, reconocen la importancia de contar con esquemas de contratación flexible bien regulados porque fomentan el crecimiento del empleo y, al mismo tiempo, preservan y protegen los derechos laborales.
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Uruguay son algunos países con los que tenemos fuertes lazos comerciales y que han adoptado una regulación de “No Prohibición” en materia de subcontratación. En caso de que México implemente una política restrictiva provocaría una severa pérdida de competitividad frente a ellos y a países con esquemas laborales flexibles.
Para dimensionar su impacto, la World Employment Confederation considera que 57.7 millones de personas fueron colocadas bajo este esquema por agencias de empleo privadas en 32 países de todo el mundo. De esa cifra, 3.8 millones de personas lo fueron por reclutamiento directo, en tanto que 53.9 millones fueron colocadas por agencias de trabajo temporal.
Datos de la American Society of México (cúpula del sector empresarial estadounidense en nuestro país) señalan que el 92% de las empresas americanas tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en territorio nacional. Su eliminación afectaría la relación bilateral México-Estados Unidos, por la gran cantidad de proyectos programados en los próximos cinco años como parte del T-MEC. Y como se ha advertido, habría sectores como el de Tecnologías de la Información que podrían retirar sus inversiones.
Impacto en las familias
El impacto social de una probable prohibición sería visible en la precarización en la calidad de las fuentes de empleo y en la calidad de vida de miles de familias. La reacción prevista es que incremente el número de personas en la informalidad, lo cual los llevaría a tener ingresos menores y a no contar con derechohabiencia alguna en materia de seguridad social.
Coincidimos con las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que ha advertido que en el corto plazo se perderían medio millón de empleos y la informalidad pasaría del 56% a un nivel cercano al 70%.
El llamado de COPARMEX
Para COPARMEX existe la evidencia técnica suficiente para advertir que la prohibición de la subcontratación distorsionará el mercado laboral y tendrá efectos directos adversos para nuestra ya débil economía.
La subcontratación es un esquema que otorga flexibilidad a las empresas y preocupa que, ante el desafío que representa la actual crisis económica, se priorice su eliminación en lugar de fortalecer los ya existentes mecanismos legales para sancionar conductas abusivas e irregulares. Se debe extirpar el tumor, en lugar de extraer todo el órgano vital.
Ante el inicio del último periodo ordinario de la LXIV Legislatura, exhortamos al Poder Legislativo a analizar y discutir con objetividad esta iniciativa y, sobre todo, a que en el afán de solucionar problemas que no son una regla general, no se termine por afectar a los trabajadores que se pretende proteger.
La construcción de esta reforma debe tener como origen no una visión unilateral sino un acuerdo tripartito con dos objetivos claros: Primero, que se respeten todos los derechos de los trabajadores; Y segundo, que se mantenga la figura de la subcontratación especializada e interna para lograr flexibilidad en el mercado laboral y elevar la competitividad del país.
“Desde COPARMEX le externamos al gobierno nuestra total disposición para colaborar en la identificación de actos de simulación de relaciones laborales, de sub-registro de ingresos o de evasión fiscal. Nuestra prioridad es proteger los derechos laborales y evitar a toda costa que se pierda uno solo de los 4.1 millones de empleos que hoy están bajo este esquema”, afirmó la organización.
