Redacción
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), recordó que en los últimos meses se registró una caída histórica del PIB, el cierre definitivo de más de un millón de negocios y la pérdida de casi 600 mil empleos; la recuperación no está siendo tan acelerada como sería deseable y se ha visto comprometida por los recientes apagones que han afectado a 23 entidades federativas y han detenido o restringido la operación de la planta productiva con pérdidas superiores a los 18 mil millones de pesos.
En ese contexto, por medio de un reporte refirió que el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso como iniciativa preferente una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica cuyos efectos analizamos y que, “podemos anticipar será una reforma con la que pierde México”, ya que abona a incrementar la incertidumbre jurídica para las inversiones, atenta contra la libre competencia y provocará que los mexicanos paguen más por un servicio eléctrico ineficiente, contaminante y de menor calidad.
Impactos de una reforma regresiva
1.Afectaciones económicas al sector
Está comprobado, no hay monopolio que genere eficiencia. Esta iniciativa tiene el potencial de convertir al modelo de la industria eléctrica en un monopolio y de destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente y que permite que haya competencia entre generadores y, por ende, mejores precios.
Subirá el costo de la energía eléctrica. La mayor parte del costo de generación depende del combustible utilizado. ¿Qué es más barato y limpio: el viento, la energía solar o el carbón, combustóleo y diésel? Usar combustibles ineficientes y contaminantes como los que privilegia la reforma, implicará mayores tarifas para los usuarios. Es importante considerar que el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE tiene un costo de generación 5 veces mayor a la generación de energía solar o eólica por parte de empresas privadas. Con esta reforma, la energía solar o eólica sería la tercera en ser despachada.
Si el costo no se transfiere de forma directa a los usuarios, se hará de forma indirecta mediante subsidios que serán cubiertos con el pago de impuestos de todos los mexicanos, además, las finanzas de la CFE se verán perjudicadas. Al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata y limpia se estaría destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores y dañando el medio ambiente.
Uno de los efectos más perniciosos identificados es que detiene la inversión y desalienta la llegada de nuevos proyectos al país, por ende, dejarán de crearse nuevas fuentes de empleo. México para ser autosuficiente, según expertos, requiere a partir de este 2021 y a lo largo de una década, de una inversión de 15 billones de pesos, tres veces el presupuesto de la nación y significa un promedio de 1.5 billones de pesos anualizados. Equivale a dos veces el presupuesto que se otorga a Pemex y a la CFE de los egresos reportados en la estadística oportuna de la SHCP para cumplir con lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La conclusión es que el gobierno no puede solo, requiere de la colaboración de la inversión privada.
2. Afectaciones en materia medio ambiental
Es, sin duda, un retroceso en materia medioambiental y ocasionará que no cumplamos compromisos internacionales. Va en contrasentido a las prácticas que están siguiendo la mayoría de los países del mundo. Es, además, inconstitucional porque vulnera el artículo 4 constitucional que habla sobre los derechos de la persona a un medio ambiente sano y a la protección de la salud.
Con el Acuerdo de París, México se comprometió a que para 2024 el 35% de la energía generada sería limpia, con la reforma no se cumpliría con ese compromiso.
La mirada se pone en el pasado, dando la espalda al futuro. Se desoye a la ONU que hizo un llamado a erradicar los combustibles fósiles y utilizar energías limpias para hacer una transición energética ya que es el sector energético uno de los principales responsables del calentamiento global. Es impensable un futuro sostenible sin la descarbonización de la energía.
Con el cambio en las reglas de despacho se termina con el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente que la reforma busca derogar, ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes.
3. Afectaciones a la competitividad
Las tarifas eléctricas no serán competitivas, se pondrá a México en desventaja frente a otros países.
La generación privada en México ha contribuido a disminuir costos de generación. CFE tiene costos de 1.23 a los 2.05 pesos por kilowatt-hora (kwh), mientras los productores particulares tienen costos de 0.82 pesos por kwh.
Fomentar la economía de bienestar, necesita forzosamente que la gente pague menos por sus servicios. En México necesitamos reducir los costos de electricidad, el gas y diésel para ser más competitivos y atraer inversiones que hoy están optando por Asia.
4. El llamado de COPARMEX
Son demasiadas voces especializadas las que han advertido el daño y el retroceso que representa esta reforma y que no pueden ni deben ser desatendidas, entre ellas la de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y las Cámaras de Comercio de EEUU y de Canadá. Incluso, funcionarios de esos países han externado su preocupación por el impacto que tendría en el clima de inversión.
Sería un despropósito impulsar una reforma que detone litigios y que será impugnada legalmente desde el primer día porque se incumplirían o desconocerían compromisos que el gobierno actual suscribió a través del T-MEC y otros tratados. Se perdería tiempo, y esto implica más fallas en el sistema y apagones en el futuro.
Desde COPARMEX coincidimos con esas voces y hacemos un llamado al Poder Legislativo a que esta iniciativa preferente no sea aprobada en sus términos por el daño económico, ambiental y el perjuicio a las familias que generaría. Lo correcto sería mejorar el marco regulatorio a partir de una reflexión más profunda que asegure, por el bien del país, la suma de esfuerzos públicos y privados.
