Por Rosalba Amezcua
El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE lamentó que el cierre ilegal de la mina de Cosalá, en Sinaloa que lleva más de un año dos meses y que fue planeado y ocasionado por Napoleón Gómez Urrutia, cuente con el total respaldo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien se inclinó en favor de retirar la concesión a la empresa minera.
Así lo denunció, Carlos Pavón Campos, dirigente del gremio sindical al externar su descontento con dicha decisión.
“No es posible que Palacio Nacional se haya convertido en una especie de juzgado en donde se decide qué organización gana la titularidad de un contrato colectivo de trabajo”, dijo.
El también diputado federal reprobó que el Ejecutivo Federal amenace con retirar la concesión de la mina si no se acepta al sindicato de Gómez Urrutia, Senador por Morena y donde queda claro que “eso es chantaje, ya no digamos para la empresa, sino para los trabajadores que votaron en contra del sindicato de “Napito”, es quererse imponer a un personaje que les cerró la fuente de trabajo”.
Recordó que desde enero de 2020 esa mina fue bloqueada y tomada ilegalmente por golpeadores encabezados por Yasser Beltrán, protegido de” Napito” y que desde ese entonces la mina ha sido saqueada por estos grupos ligados ya a la delincuencia organizada. Pavón Campos, además mencionó que el saqueo a la mina pudiera ascender a más de dos millones de dólares y que la reapertura pudiera estar en el orden de los 5 millones de dólares, dijo, la mina ha sido devastada.
Como resultado de la rapiña a la unidad de trabajo, solapada por la autoridad, se suman también 16 denuncias penales por despojo interpuestas por la empresa contra el grupo de los “Napitos”.
El dirigente del FRENTE calificó como “lamentable y preocupante” que el presidente López Obrador, no tenga conocimiento de estas denuncias penales, ni de las irregularidades que han llevado a esta mina a seguir en litigio y que en su lugar se quiera castigar a los trabajadores quitándoles el empleo, al existir la posibilidad de retirar la concesión.
“En lugar de pedirle a su secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá en torno a ese conflicto, hay que sugerirle que mejor vigile y aconseje a su voraz protegido, a Napoleón Gómez Urrutia, quien no respeta legalidad alguna y envía golpeadores a diversas regiones del país para hacerse, a la mala, de contratos colectivos de trabajo”, expuso Pavón Campos.
Mencionó que no se puede violentar la libertad sindical desde Palacio Nacional al argumentar que si bien el presidente dice que en el pasado había empresas que querían tener sindicatos a modo, ahora todo parece indicar que son los Gobiernos los que han tomado ese papel y quieren ser ellos los que controlen a las organizaciones, imponiendo a seudo lideres no importando que estos lleven sobre sí denuncias de malversación de fondos, de fraude y extorsión por decir lo menos, personajes que se dedican a cerrar fuentes de empleo y a vivir como ricos de las cuotas sindicales.
“Por ello, agregó que el conflicto en Cosalá mismo que también ya se analiza desde el gobierno canadiense, no puede, ni debe ser resuelto por orden presidencial, menospreciando la decisión de trabajadores quienes han dicho en varias ocasiones que no quieren a “Napito” como su representante sindical.
“Imponer un sindicato a los trabajadores no es nada democrático, más cuando existe un litigio todavía, cuando hay denuncias penales contra quienes la cerraron y saquearon, porque no debe quedar duda, el cierre de la mina no fue decisión de la empresa ni de los trabajadores, fue de Napito. Pedimos al presidente que rectifique, que escuche a los trabajadores” destacó..
