Por Alejandro Durán
De aprobarse las reformas en materia fiscal que están en discusión hoy en día al interior del Congreso de la Unión, podría ocurrir que contribuyentes, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente, además de que la autoridad les podría adjudicar y vender sus propiedades de manera automática, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
En este sentido, el presidente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos, afirmó que México requiere efectivamente combatir la alta evasión fiscal que enfrenta, pero sin incurrir en disposiciones arbitrarias que despierten una mayor incertidumbre empresarial en el país y que obstaculicen, aún más, el desarrollo de la actividad económica.
“De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año”, afirmó.
Por medio de un videomensaje, el empresario dejó en claro que en Coparmex reconoce la gravedad del problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal, pues refirió que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas, monto que equivale, dijo el empresario, a ocho veces el último presupuesto anual de la UNAM.
De igual manera, Gustavo de Hoyos admitió que el gran problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal es una tarea difícil, pues al día de hoy, México reporta la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente.
Por ello, afirmó que, si bien es cierto que resulta necesario combatir la evasión fiscal y elevar los ingresos tributarios, dejó en claro que no debe ser a través de legislaciones que atenten en contra de los ciudadanos y empresas.
“Las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente; preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias; confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT”, comentó.
