Al amparo del programa de regularización de autos “chocolate”, 2022 será el peor año para la industria automotriz en México, pues los vehículos extranjeros importados superarán la cifra de ventas de vehículos nuevos.
En el marco del anuncio de la ampliación al próximo trimestre del Programa de Regularización de Vehículos Ilegales, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), Guillermo Rosales Zárate, advirtió que para este año 2022 “se regularizarán e importarán más vehículos extranjeros que nuevos vendidos en el mismo lapso: hasta un millón 200 mil usados contra un millón 70 mil nuevos, regresando a los peores tiempos de este fenómeno con el ‘chocodecreto’ que firmó el Presidente Vicente Fox en 2005”.
En comunicado inmediatamente posterior al anuncio este día en la conferencia matutina presidencial, el dirigente de los distribuidores de vehículos nuevos en el país, resaltó la “profunda incongruencia” del gobierno en materia automotriz.
“Por un lado el Gobierno Federal firma compromisos internacionales para reducir los efectos de la contaminación impulsando vehículos con tecnologías limpias y por el otro acaba de anunciar la ampliación del decreto que regularizará más unidades extranjeras de desecho internadas ilegalmente en México desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo próximos”.
Y es que el programa, dijo, incentiva el envejecimiento del parque vehicular nacional en vez de impulsar su renovación con programas de apoyo para el transporte público, el campo y los microempresarios; amén de exponer aún más la seguridad vial y afectar a los a mexicanos propietarios de automotores usados nacionales que con todo esfuerzo los adquirieron, los mantienen y pagan todos sus impuestos.
Aseguró que el objetivo de acabar con la informalidad de este tipo de unidades tampoco ha terminado, al contrario, “siguen entrando miles de vehículos de contrabando principalmente por la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de estos vehículos”.
Antes del Decreto de regularización el problema se limitaba a los Estados fronterizos, “ahora el país se está inundando con ese tipo de unidades de desecho hasta en entidades donde ni siquiera existían debido a que ya emplacadas éstas pueden circular a cualquier parte del país para ser comercializadas, exponiendo la seguridad vial por los defectos ocultos que portan y sobreofertando la disponibilidad de vehículos usados, bajando el precio de los usados nacionales por lo que sus propietarios al ver reducido su precio desistirán de renovarlos”.
