En una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para un proyecto estratégico de suministro eléctrico entre Playa del Carmen y Cozumel, un cambio técnico abrió una pregunta que la propia CFE debería responder con absoluta claridad: ¿por qué se redujo, sin que nadie lo solicitara, el requisito de experiencia para instalar cable submarino de 115 kilovoltios a uno de apenas 34.5 kilovoltios?
El proyecto no es menor. Se trata de una instalación submarina cuya profundidad alcanza hasta 500 metros y que resulta fundamental para garantizar el suministro de energía eléctrica de Playa del Carmen a la isla de Cozumel. Por ello, los requisitos técnicos no deberían ser un asunto menor ni modificarse de manera discrecional.
De acuerdo con la información recabada, durante los últimos cuatro años han participado básicamente dos consorcios, ambos con participación de empresas chinas especializadas. Uno de ellos está integrado por la empresa HR, señalada como una de las compañías beneficiadas en procesos anteriores, y una compañía china.
La historia volvió a repetirse esta semana. En este caso, la CFE había mantenido como requisito la experiencia en instalación de cables submarinos de 115 kilovoltios. Incluso, en la licitación actual ese parámetro apareció originalmente en esos términos y fue confirmado durante la primera junta de aclaraciones.
Sin embargo, durante la segunda junta, la CFE publicó un nuevo documento en el que redujo la experiencia requerida de 115 a 34.5 kilovoltios, modificación que favorece a HR, empresa que decidió competir por sí sola. Existe además un antecedente que llama la atención: hace cuatro años esa compañía realizó en Holbox una instalación justamente de cable submarino de 34.5 kilovoltios.
La irregularidad radica en el un requisito sin que hasta ahora se haya justificado. Habrá que observar cómo se resuelve esta licitación en los próximos días, sobre todo porque recientemente hubo cuestionamientos en el Senado respecto a que esta empresa habría sido beneficiada en otros procesos.
Y Sepa La Bola… Pero otra rareza es la adjudicación para operar, mantener y ampliar Ecobici hasta julio de 2036 no puede analizarse como un simple procedimiento administrativo. Se trata de un contrato por 2 mil 445 millones 793 mil 693.67 pesos y de una empresa, 5M2, vinculada al consorcio 5M2-BKT, que acumuló antecedentes de penalizaciones, sanciones y señalamientos por deficiencias durante la prestación del servicio.
Documentos de la propia Secretaría de Movilidad registraron más de 18.5 millones de pesos en sanciones al consorcio por incumplimientos en los niveles de servicio.
Entre los antecedentes aparece una penalización de 4.3 millones de pesos correspondiente a agosto de 2024, además de señalamientos relacionados con la disponibilidad de bicicletas, condiciones de las unidades y un retraso documentado de 185 días en una etapa de expansión.
También existen registros de múltiples quejas contra ese consorcio, que ahora resultó ganador del proceso. La pregunta es por qué, con esos antecedentes, se le permitió participar y posteriormente obtener la adjudicación.
Aquí surgió la primera pregunta incómoda: ¿qué peso tuvieron esos antecedentes al momento de evaluar y adjudicar un contrato multimillonario que comprometió la operación de Ecobici durante prácticamente una década?
Pero hubo otro punto que requirió explicación. Se señaló la existencia de reuniones entre representantes de 5M2 y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. Si esos encuentros ocurrieron durante el proceso, la autoridad debió transparentar cuándo se realizaron, quiénes participaron, cuál fue su propósito y qué asuntos se discutieron.
Más delicadas aún fueron las acusaciones sobre una supuesta adjudicación direccionada desde su origen y las versiones que apuntaron a que se habría facilitado el triunfo del consorcio. Se trató de señalamientos graves que, precisamente por ello, requirieron aclaraciones y, de existir elementos, una investigación.
A ello se sumó un negocio adicional: el nuevo proyecto contempló 600 muebles con aprovechamiento publicitario. Por ello, se solicitó conocer sus características y los estudios de seguridad correspondientes, pues algunos podrían superar los 10 metros cuadrados de superficie publicitaria.
Ecobici es un servicio utilizado diariamente por miles de personas. Su operación no debió dejar dudas sobre contratos, reuniones, penalizaciones o explotación publicitaria. La Semovi tuvo una salida sencilla: publicar los criterios completos de evaluación, explicar cómo ponderó las sanciones anteriores y transparentar cualquier reunión relacionada con la licitación.
Porque cuando estuvieron en juego 2 mil 445 millones de pesos, la transparencia no debió ser una concesión. Fue una obligación.
El cargo ¿Licitaciones a modo? / Por Claudia Bolaños apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.